Carlos García Cernuda, abogado | CIES, ¿Seguro que es mejor cerrarlos, sin más?
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28 Oct CIES, ¿Seguro que es mejor cerrarlos, sin más?

Los Cies deben ser establecimientos, por Ley, de carácter NO penitenciario, donde se internan los extranjeros expedientados en un procedimiento de retorno forzoso a sus países de origen.

La Legislación, mantiene supuestos en los que por decisión judicial o administrativa, tras la incoación de un expediente se decide la expulsión de una persona del territorio nacional.

No se puede expulsar a nadie si no hay infracción penal o administrativa. (art. 28 de la LO 4/2000).

Encontramos varias situaciones diferentes:

– Expulsión por orden judicial en los casos previstos en el Código Penal. Hay condenas que pueden sustituirse por expulsión en los casos contemplados legalmente.

– Expulsiones o devoluciones acordadas en resoluciones administrativas, por consecuencia de denegaciones de autorizaciones, por carecer de ésta, o por no cumplir los requisitos de entrada o de estancia, o bien en casos de haber cumplido el plazo en el que un trabajador extranjero se hubiera comprometido a regresar a su país de origen en el marco de un programa de retorno voluntario.

Conviene así aclarar términos:

El “retorno” se entiende como una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se declara irregular la situación de un nacional de un tercer país y se impone o declara su obligación de retorno. Nos estamos refiriendo al proceso de vuelta de un nacional de un tercer país, (art. 3 Directiva 2008/115/CE) bien sea acatando tal retorno voluntariamente, o bien sea de modo forzoso a su país de origen, o a un país de tránsito con arreglo a acuerdos de readmisión comunitarios o bilaterales o de otro tipo, o a un tercer país al que el nacional de un tercer país decida volver voluntariamente y en el cual será admitido.

La “expulsión“, es la ejecución de esa obligación de retornar, es decir, el transporte físico fuera del Estado miembro en los casos en los que o bien no se haya concedido un plazo para la salida voluntaria, o bien, no se haya cumplido con la obligación de retorno dentro del plazo concedido para la salida voluntaria, que debe expirar completamente para poder adoptarse. (art. 8 Directiva 2008/115/CE)

En relación con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o con los miembros de su familia, se podrá acordar la expulsión por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública. (art. 15 RD 240/2007).

El propio Ministerio de Interior define en su web lo que legalmente considera INGRESO EN CENTROS DE INTERNAMIENTO, todo aparentemente muy lejos de la arbitrariedad que se pretende publicitar a la sociedad, así:

Incoado un expediente sancionador en el que pueda proponerse la expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar al Juez de Instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento, en tanto se realiza la tramitación de dicho expediente.

El Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez valorará el riesgo del internamiento para la salud pública o la salud del propio extranjero.

El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente.

Cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas, el extranjero será puesto inmediatamente en libertad por la autoridad administrativa que lo tenga a su cargo, poniéndolo en conocimiento del Juez que autorizó su internamiento. Del mismo modo y por las mismas causas, podrá ser ordenado el fin del internamiento y la puesta en libertad inmediata del extranjero por el Juez, de oficio o a iniciativa de parte o del Ministerio Fiscal.

No podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento. Los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España serán puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores.

La incoación del expediente, las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución final del expediente de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país.

También “asume” el Ministerio de Interior los DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS INTERNADOS:

Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria, conforme al contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada. En particular, el extranjero sometido a internamiento tiene los siguientes derechos:

– A ser informado de su situación.

– A que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad.

– A que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento.

– A recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro.

– A que se comunique inmediatamente a la persona que designe en España y a su abogado el ingreso en el centro, así como a la oficina consular del país del que es nacional.

– A ser asistido de abogado, que se proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique.

– A comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial.

– A ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano y de forma gratuita, si careciese de medios económicos.

– A tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar.

– A entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes.

– Los centros dispondrán de servicios de asistencia social y sanitaria con dotación suficiente. – Las condiciones para la prestación de estos servicios se desarrollarán reglamentariamente.

– Las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes y los organismos internacionales pertinentes podrán visitar los centros de internamiento; reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de las mismas.

Y finalmente define lógicamente los DEBERES DE LOS EXTRANJEROS INTERNADOS

Los extranjeros sometidos a internamiento estarán obligados:

– A permanecer en el centro a disposición del juez de instrucción que hubiere autorizado su ingreso.

– A observar las normas por las que se rige el centro y cumplir las instrucciones generales impartidas por la dirección y las particulares que reciban de los funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones, encaminadas al mantenimiento del orden y la seguridad dentro del mismo, así como las relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza del centro.

– Mantener una actividad cívica correcta y de respeto con los funcionarios y empleados del centro, con los visitantes y con los otros extranjeros internados, absteniéndose de proferir insultos o amenazas contra los mismos, o de promover o intervenir en agresiones, peleas, desórdenes y demás actos individuales o colectivos que alteren la convivencia.

– Conservar el buen estado de las instalaciones materiales, mobiliario y demás efectos del centro, evitando el deterioro o inutilización deliberada, tanto de éstos como de los bienes o pertenencias de los demás extranjeros ingresados o funcionarios.

– Someterse a reconocimiento médico a la entrada y salida del centro, así como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva, apreciadas por el servicio médico, y a petición de éste, lo disponga el director del centro.

INFORMACIÓN Y RECLAMACIONES

Los extranjeros recibirán a su ingreso en el centro información escrita sobre sus derechos y obligaciones, las cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones o quejas. La información se les facilitará en un idioma que entiendan.

Los internados podrán formular, verbalmente o por escrito, peticiones y quejas sobre cuestiones referentes a su situación de internamiento. Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas al director del centro, el cual las atenderá si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la autoridad competente, en caso contrario.

 

CONSIDERACIONES PERSONALES

Podemos entender que arengar el cierre de los CIES, sin más, puede suponer que se defienda, aun sin pretenderlo, la desjudicialización y la pérdida del control de estos expedientes.

Y, queramos o no, a corto plazo no van a desaparecer los expedientes de retorno y/o expulsión de extranjeros, por causas penales o infracciones administrativas.

Entonces, ¿de quién van a depender estas personas? ¿quién va a controlar el respeto de sus derechos fundamentales? ¿quién va a sumir la custodia sin control judicial  si se cierran los CIES?

En definitiva, ¿no estaremos tirando piedras al tejado de nuestro Estado de Derecho, en la parte que cobija a quienes vinieron de fuera?

Indudablemente, estamos ante regulaciones legales y reglamentarias con graves carencias. Y estamos ante una realidad social que con toda seguridad no cumple las garantías que arriba se han detallado.

Pero, instar el cierre de los CIES sin más, con grandes probabilidades, dejará en manos administrativas y sin control, y arrojará a las dependencias policiales, municipales o no, al colectivo de personas que tratamos. El Ayuntamiento, cuyos dirigentes de hoy nos pueda da hoy más o menos garantías engañosas y políticamente publicitarias, mañana puede estar regido por intereses diametralmente opuestos. Y no se puede dejar en manos de la oportunidad política municipal un tema tan serio.

Díganme si ahora ya tienen dificultades de acceso algunas “organizaciones no gubernamentales” a los CIES, lo que tendremos que esperar en comisarías y cuartelillos, o en a saber qué dependencias municipales habilitadas al efecto, donde acabarán custodiados, sin ningún género de duda los expedientados con retorno inminente.

En definitiva, antes de cerrar y eliminar los CIES, ¿no será más razonable, primero unificar y mejorar su regulación legal y reglamentaria; y después, humanizarlos, controlar efectivamente su funcionamiento y dar transparencia y acceso a organizaciones serias, que ayuden a la judicatura en esta labor suya tan fundamental?

El tema es serio. Involucra intereses de oportunidad política, municipal, autonómica, nacional y europea. Pues no olvidemos, que nuestra situación geográfica nos obliga a ser ejemplares en la regulación y en su aplicación, no dejando el mínimo atisbo a la posibilidad de actuaciones racistas y discriminatorias.

Para suavizarlo les dejo con un chiste gráfico que he tomado prestado.

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