Carlos García Cernuda, abogado | No Delito de usurpación en la presidencia del gobierno de Cataluña
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30 Oct No Delito de usurpación en la presidencia del gobierno de Cataluña

Dice la RAE que una de las acepciones de falsedad, la que se refiere al ilícito penal, atiende a que se produzca una alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes.

Parece definir nuestra Academia de la lengua una de las acciones características de toda acción política, lo que nos vendría a criminalizar demasiadas cosas.

 

En nuestro vigente Código penal dentro del Título XVIII, de las Falsedades, en su capítulo V, se regula la respuesta penal a la usurpación de funciones públicas y al intrusismo:

 

Artículo 402

El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

Artículo 402 bis

El que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

Artículo 403

  1. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.
  2. Se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años si concurriese alguna de las siguientes circunstancias:
  3. a) Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido.
  4. b) Si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión.

El artículo 402 castiga “al que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial”.

 

De la presente normativa podemos analizar los siguientes elementos del delito:

  • – La acción típica se comete en el ejercicio de actos propios de una autoridad o funcionario, atribuidos por disposición legal o reglamentaria. El delito sólo puede ser cometido por personas que no participen del ejercicio de las funciones publicas usurpadas, o por autoridades o funcionarios cuando realicen funciones de su cargo fuera del lugar donde tienen jurisdicción o cuando hayan cesado su ejercicio.
  • – En relación con el elemento subjetivo, será necesario que concurra en el autor del delito, intención o propósito de asumir la función pública, ya sea manifestándolo oralmente o, dándolo a conocer por actos con capacidad bastante para engañar a una persona o colectividad, con conocimiento de la ilegalidad de su conducta y con voluntad para realizar la misma.

 

El Derecho Penal está para ser aplicado cuando fallan todos los instrumentos del Estado. Por ello, y aplicando el principio de intervención mínima del Derecho Penal y siendo riguroso en la aplicación del tipo a las acciones que se pretenden, parece muy artificioso aplicar al caso que nos ocupa el 402.

Tenemos una autoridad cesada formalmente, que en caso de que siga atribuyéndose las potestades y funciones que el cargo del que ha sido cesado confieren, debe ser requerida por la autoridad competente de manera directa y detallada de su cese y compelida a no asumir tal autoridad.

En caso de no cumplir el requerimiento de la autoridad legal vigente, habrá que estudiar si se aplica el tipo de la sedición y/o el de la rebelión, pero (es mi modesta opinión) no procede aplicar la usurpación de funciones del 402.

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