Carlos García Cernuda, abogado | Prisión provisional, Estado de Derecho y Lluvia sobre las Decisiones Judiciales
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04 Nov Prisión provisional, Estado de Derecho y Lluvia sobre las Decisiones Judiciales

Prisión provisional, o preventiva, ¡cuantas palabras sobre el tema!. Nos encontramos ante una medida cautelar en el ámbito de aplicación del Derecho Penal.

Esta medida es la más excepcional y gravosa contra la persona pues afecta directamente a su derecho a la libertad personal durante un periodo de tiempo prolongado.

Su adopción corresponde al Juez/Magistrado que instruye o investiga la comisión de delitos, a petición de parte: acusación particular o Ministerio Fiscal.

En general, se ha de decretar cuando no existe otro método eficaz para evitar, por ejemplo, la fuga del acusado, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva.

 

Antes de tomar esta decisión, se debe considerar la mejor proporcionalidad de una medida de menor entidad como, por ejemplo, la medida de alejamiento o el pago de una fianza. Siempre, en el entorno concreto y específico que toque analizar al Órgano Jurisdiccional resolviéndolo.

Para acordar la prisión preventiva es necesario que existan indicios racionales de que se ha cometido un delito.

Hay muchísima jurisprudencia del, demasiado en boga hoy, Tribunal Constitucional sobre los requisitos para adoptarse. Cabe destacar que expresamente se prohibe cuando se vaya a adoptar exclusivamente ante alarma social o basándose en razones de orden público.

Todo el fundamento y razonamiento del Auto que la determine tendrá SIEMPRE un alto grado de consideración subjetiva del Juez, que entenderá el riesgo de fuga en cada caso concreto, analizando el arraigo familiar, las circunstancias sociales y, OJO, también la disposición y predisposición de los imputados a acudir a las llamadas del órgano jurisdiccional, su entorno y sus manifestaciones.

Apunto algunas circunstancias. Si de manera previa los imputados hubieran dado muestras de su convicción de respetar las resoluciones judiciales, como públicamente NO se ha dado, ya podemos oler la existencia de riesgo de fuga. Fugarse no es solo coger las de Villadiego, Bruselas o Laos; fugarse es la simple actitud de una persona que decide no someterse a la autoridad judicial y que, por ello simplemente, ya crea un RIESGO de que se detraerá de todas las resoluciones que le recaigan en el proceso abierto. En definitiva, elementos para considerar riesgo de fuga, hay. Que discutamos su proporcionalidad es otro asunto.

Y que haya riesgo de destrucción de pruebas, respecto a estas personas, debe analizarse con rigor. Son personas que ostentaban (algunos dicen que aun lo ostentan pese a su cese) y que controlaban grandes equipos de poder y gestión, no voy a entrar a divagar. solo se me escapa una pregunta: ¿Mantienen esas personas aun, lazos de conexión con su cargo y con sus ex funcionarios? No haría más preguntas aquí Señoría.

Sobre el Riesgo de reiteración delictiva. ¿Pudieran mantener los imputados su voluntad y ánimo de seguir avanzando en la estrategia de sus propósitos, indiciariamente, delictivos (ellos lo llamarán propósitos políticos, hoja de ruta o programas electorales? Nada hay que nos lleve a pensar lo contrario. Si se mantiene la voluntad independentista y de continuar subvirtiendo el sistema por las vías legales (próximas elecciones) o por las ilegales como hasta ahora, hay riesgo de reiteración delictiva. Si hay indicios de criminalidad, hay riesgo de que continúen cometiendo hechos en la linea seguida en los últimos meses.

Además, en todo caso, el delito del que se acusa al imputado tendrá que estar castigado con pena privativa de libertad igual o superior a 2 años de prisión. Podrá ser inferior a 2 años de prisión si el imputado tuviese antecedentes penales. Así, con el simple delito de malversación de caudales públicos (¿quién, cómo y de dónde se pagó el referéndum de 1-O?) basta para este requisito.

En definitiva, estamos ante una Medida Cautelar adoptada por el Juez predeterminado por la LEY en el ámbito de una investigación judicial. EL AUTO ES RECURRIBLE, y ya veremos. El hecho de que la Audiencia considerase levantar la medida, no obsta a que la apreciación de la Juez que la acordó no se ajustase a Derecho. Las circunstancias van cambiando y esta medida excepcionalísima puede, podría irse valorando conforme a otros criterios y manifestaciones, también políticas y sociales, ¿por qué no?

Sí, ya se, que hay que valorar las consecuencias políticas, que hay mucha corrupción, que el ¡Y tú más! y que todo lo que se diga, escriba, publique y debata, tendrá adjetivación hacia uno y otro bando. Pero, que no haya bandos, que se consolide la Paz Social, que continuemos conviviendo en un ESTADO DE DERECHO, sí, lo repito, en un ESTADO DE DERECHO, con todas sus fallas, con sus problemas respecto a minorías, con sus dificultades para mejorar y evolucionar a nuevos tiempos, no legitima la reforma porque sí del mismo.

El Estado de Derecho y la Democracia, no se reforman, no se renuevan, no se cambian con reformas legislativas, con cambio de denominaciones en el texto constitucional. Tenemos entre manos, las reglas básicas de juego.  Se pueden pulir sus defectos, se pueden paliar las consecuencias de sus malas aplicaciones, se deben arrancar de sus instituciones los delincuentes, corruptos y también los subvertidores que prefieren un sistema diferente. Pero el Estado de Derecho, no son esas personas, la Democracia no es patrimonio de autoridad alguna;  es un sistema de convivencia, de separación de poderes, de elección periódica de los dirigentes de los poderes políticos, de mejora de la elección, selección y designación de los órganos judiciales. Repito, son las reglas básicas del juego. PERO, y aquí termino aunque parezca cínico acabar una entrada sobre prisión provisional con esa palabra, estoy plenamente convencido, que es el sistema menos malo para la LIBERTAD.

 

 

 

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